Reconociendo el complejo escenario en que se encuentra la educación superior en el país, los rectores de la Universidad de Chile, Víctor Pérez; de la Usach, Juan Manuel Zolezzi; de la UCV, Claudio Elórtegui y de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, expusieron en la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, los principales planteamientos que están formulando para abordar la crisis en el sector. Una de las preocupaciones centrales es el endeudamiento de miles de familias y la enorme carga que tienen las familias chilenas para financiar las carreras de sus hijos.
El diputado Patricio Vallespín señaló al término del encuentro que, “dadas las condiciones actuales, reiteramos nuestra interpelación al Gobierno para restablecer los canales de comunicación y abordar con voluntad los cambios que requiere el sistema de educación superior en Chile. Queremos aprovechar esta oportunidad, después de haber escuchado a los rectores, de volver hacer este llamado al gobierno para enfrentar este tema que para nosotros, como DC, tiene valores muy importantes, como son el de construir una sociedad bastante más inclusiva que la que tenemos hoy día”.
Vallespín agregó que, para la bancada, hay ejes claves en los que debiera producir un consenso político: “Las tres grandes demandas de la educación superior hoy día dicen relación con el tener una educación transparente y debidamente regulada, particularmente en el ámbito privado; una nueva institucionalidad de la educación superior y un financiamiento adecuado, especialmente para los estudiantes y las universidades estatales”.
Precisó, además, que en la bancada ya se encuentran trabajando en temas como potenciar a las universidades públicas para que brinden un servicio de excelencia; acreditación exigente (2.0) del Estado a las Universidades Privadas; regulación en busca de ofertas de calidad y pertinentes; debate necesario sobre los abusos en materia de lucro; apoyo a los estudiantes y sus familias, con becas al 40% más vulnerables y al otro 40% de clase media con créditos con bajas tasas, para mejorar el acceso al sistema universitario público y privado; más inversión pública con criterio de equidad y calidad; y, reforma pro equidad del AFI, con más fondos para la innovación.
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